Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales de justicia, reza el comienzo del artículo 8 y junto a los artículos 7 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos constituyen el conjunto normativo que garantiza que todos y cada una de las personas somos y debemos ser atendidos y tratados en igualdad de condiciones por los sistemas de justicia de las naciones, ante situaciones que atenten en contra al ejercicio pleno de los derechos fundamentales consagrados de cada individuo.
El ejercicio pleno de estos derechos es un indicador para medir el grado de democratización que ha alcanzado una nación. Por tal motivo, el Estado está en la obligación de proveer un sistema de justicia eficaz, imparcial, equitativa, en el que se haga justicia sin discriminación de ningún tipo.
Para que la justicia impartida por los sistemas de justicia de una nación cumpla su cometido es necesaria su independencia y separación explícita de los intereses del Estado.
Artículo 8
“Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley”.
(Declaración Universal de Derechos Humanos)
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